Según un informe: los funcionarios de la ley aceptan dinero y sexo para hacerse de la vista gorda
Teniendo en cuenta que varios funcionarios de la policía y del gobierno están bajo investigación por delitos de trata, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (USDOS) ha mantenido el estado de Nivel 2 de T&T en su Informe de trata de personas (TIP) de 2023 por tercer año consecutivo.
Al presentar el informe en el Auditorio Dean Acheson en Washington DC ayer, el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que el informe evalúa objetivamente 188 países y territorios para mostrar los esfuerzos exitosos para prevenir la trata de personas, identificar las deficiencias y, en última instancia, eliminar la trata.
Blinken dijo que Estados Unidos está comprometido con la lucha contra la trata de personas porque representa un ataque a los derechos humanos y las libertades.
“Viola el derecho universal de toda persona a tener autonomía sobre sus propios derechos y acciones. Hoy, a más de 27 millones de personas en todo el mundo se les niega ese derecho. La trata daña a nuestras sociedades, debilita el estado de derecho, corrompe las cadenas de suministro, explota a los trabajadores, alimenta la violencia y afecta de manera desproporcionada a los grupos tradicionalmente marginados: mujeres, personas LGBTQI+, personas con discapacidad, minorías étnicas y religiosas”, dijo Blinken.
Según el informe, desde que se estableció la legislación contra la trata en 2011, T&T nunca ha condenado a un traficante.
“Los tribunales nunca han condenado a un traficante en virtud de la ley contra la trata de 2011. La corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata, incluso en los niveles superiores, siguieron siendo preocupaciones importantes, lo que inhibía la acción de las fuerzas del orden. La identificación de víctimas, la derivación y los servicios siguieron siendo débiles e inconsistentes, y la coordinación interinstitucional fue deficiente”, indicó el informe.
El estado de nivel 2 significa que el gobierno de T&T no cumple completamente con los estándares mínimos para eliminar el tráfico, pero está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. El informe enumeró medidas como la implementación de nuevos procedimientos operativos estándar para la remisión y atención de víctimas, la apertura de un refugio operado y financiado por el gobierno para víctimas de la trata de niñas, la provisión de los primeros refugios gubernamentales para víctimas adultas de la trata y el aumento del tamaño de la Unidad contra la Trata de Personas. Unidad (UTC).
También afirmó que el Gobierno tomó medidas para prevenir la trata entre las poblaciones vulnerables, incluidos los trabajadores migrantes, los trabajadores médicos cubanos y los refugiados y migrantes venezolanos, e inició un nuevo programa para ayudar a las víctimas-testigos al permitir el testimonio remoto en casos de trata. Sin embargo, dijo que las autoridades aún no demostraron un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período de informe de 2022.
El USDOS aún encontró que el gobierno había dedicado suficientes recursos a un plan escrito que constituiría un esfuerzo significativo para cumplir con los estándares mínimos si se implementara. Por lo tanto, otorgó a T&T una exención en la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de personas de una degradación requerida de otro modo al Nivel 3, lo que significa que permaneció en su posición actual de Nivel 2.
El informe encontró que la corrupción y la colusión oficial en los delitos de tráfico siguen siendo preocupaciones importantes e impiden la aplicación de la ley. Señaló, por ejemplo, que dos nuevas investigaciones involucraron a policías que permanecieron en el trabajo sin sanciones administrativas. También señaló que la comisionada de policía Erla Harewood-Christopher había ordenado una investigación sobre altos funcionarios del gobierno presuntamente involucrados en el tráfico en 2020.
La policía abrió otra investigación sobre otras denuncias hechas este año contra altos funcionarios del gobierno, después de que ex funcionarios del gobierno de la UNC acusaran al partido de encubrir la trata de personas por parte de un miembro de la jerarquía del partido. Y mientras la policía investiga estos delitos, el informe señaló que las autoridades continuaron investigando a dos docenas de policías presuntamente involucrados en el tráfico iniciado en el período del informe anterior, de los cuales ninguno pasó a ser procesado.
“Los funcionarios, los órganos de supervisión y los observadores externos denunciaron sistemáticamente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de seguridad se confabularon con grupos criminales cómplices del tráfico. Las víctimas alegaron que funcionarios policiales, de inmigración y aduanas frecuentaban establecimientos donde se sabía que había sexo comercial, de los cuales recibían dinero y sexo a cambio de coordinar el transporte de las víctimas y brindar protección a los traficantes”.
El informe indicó que la CTU remitió los casos a la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP) y al poder judicial. Sin embargo, encontró que la oficina del DPP carecía de personal y recursos adecuados para tratar los asuntos. Los observadores también señalaron que las autoridades no iniciaron acciones judiciales si las víctimas-testigos no testificaban contra un presunto traficante.
Entre sus recomendaciones, el USDOS propuso que el gobierno aumente los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los traficantes, incluidos los funcionarios y el personal presuntamente cómplices de los delitos de trata, y buscar penas adecuadas para los condenados, que deberían implicar penas de prisión significativas. Pidió una mayor identificación, evaluación y protección proactiva de las víctimas entre las comunidades vulnerables, incluidos los niños en hogares y escuelas para niños, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
Algunas de las sugerencias fueron una reducción de la acumulación judicial y garantizar que las víctimas no sean sancionadas inapropiadamente únicamente por actos ilegales cometidos como resultado directo de la trata.
AGENCIAS
